Fiel a su discreción, con el inicio del siglo XXI volvió a la docencia. Lejos de la primera línea, ha seguido contando como profesor invitado para diversas universidades y desde 2006 a 2011 estuvo al frente del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Hoy, además de presidir la Fundación Oso de Asturias, una muestra del enorme apego hacia su tierra, es el presidente del Comité Español de UNICEF, desde donde continúa tendiendo puentes para seguir dando rienda suelta al gran motor de su vida, la vocación de servicio a los demás.
“Cuando creíamos tener las respuestas a los grandes problemas de la humanidad, de pronto cambiaron las preguntas”. La premonitoria frase de Mario Benedetti, pronunciada por el escritor uruguayo a propósito de las convulsiones mundiales de los primeros años noventa –recuerden: caída del muro de Berlín, liquidación de la Unión Sovíetica, guerra del Golfo, el drama bélico en las repúblicas exyugoslavas…– cobra hoy más sentido que nunca. Estamos ante un enemigo invisible que ha provocado una crisis mundial de caracter sanitario ya convertida en crisis social y económica. Una crisis que no entiende de fronteras, de razas, de ideologías, de clases sociales… ¿o quizás sí? Porque la COVID-19 está golpeando indiscrimindamente a casi todos en casi todos los rincones del mundo, pero poco a poco podemos comprobar que hay sectores y grupos sociales que empiezan a sufrir las consecuencias de esta pandemia de forma más directa y virulenta. Y si no se toman las medidas necesarias, y pronto, esos sectores se verán abocados a la pobreza, a un futuro sin esperanza. Y dentro de esos grupos se encuentran aquellos que están más desprotegidos y que necesitan, sin embargo, una protección más contundente: los niños.
Según los datos de UNICEF, las repercusiones económicas de la pandemia de la COVID-19 podrían provocar que, para finales de 2020, otros 86 millones de niños se sumen a todos aquellos que ya se encuentran viviendo en hogares pobres, un aumento de un 15 %. Si no se toman medidas urgentes para proteger a las familias de las dificultades económicas planteadas por la pandemia, el número total de niños que viven por debajo del umbral nacional de pobreza en los países de bajos y medianos ingresos podría alcanzar los 672 millones a finales de este año.
Más drámatica es esta otra cifra: en los próximos seis meses, al menos 6.000 niños más podrían morir cada día por causas prevenibles a medida que la pandemia sigue debilitando los sistemas sanitarios e interrumpiendo los servicios de salud. La estimación de la Escuela Johns Hopkins Bloomberg de Salud Pública, difundido recientemente en la revista The Lancet Global Health, estima que podrían producirse alrededor de 1,2 millones de muertes adicionales de menores de cinco años en tan solo seis meses debido a la reducción de la cobertura de los servicios médicos rutinarios y al aumento de la emaciación infantil. Se sumarían a los 15.000 niños que cada día mueren por causas evitable como una diarrea, la falta de una vacuna o acceso a agua potable.
Pero no hace falta irse muy lejos para darse de bruces con la pobreza infantil y tampoco es algo nuevo de la “era COVID”. La vulnerabilidad y el sufrimiento que vemos hoy en muchas familias españolas ya existía antes de la aparición del coronavirus en nuestras vidas. Lo que está haciendo la pandemia es multiplicar exponencialmente esa vulnerabilidad y ese sufrimiento. Y lo ha hecho –y lo seguirá haciendo si no se sigue avanzando en la puesta en marcha de medidas de apoyo y protección– cebándose con los más vulnerables por su debilidad económica y, en especial y dentro de ese colectivo, de nuevo, con los más indefensos: los niños.
El 29 % de los niños y niñas en España se encuentran en riego de pobreza; son 2,2 millones de menores de 18 años. Somos el tercer país con mayor índice de riesgo de pobreza infantil en Europa, tras Rumanía y Bulgaria. La inversión pública (en porcentaje del PIB) en políticas de protección social y educación es una de las más baja del continente. En nuestro país la pobreza infantil es un fenómeno estructural, previo a la crisis económica que devastó nuestra economía en 2008 y, por supuesto, estaba ahí antes de la aparición en escena del dichoso SARS-CoV-2. Los altos niveles generales de desempleo, la baja inversión pública en protección social de familias e infancia y la poca orientación de esta inversión hacia los hogares con niños más vulnerables son los elementos principales que explican estas dramáticas cifras.
Sobre esta situación, y la necesidad de poner en marcha políticas estructurales que la hagan frente, vienen avisando desde hace años, entre otros, la Comisión Europea, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma de Infancia o Naciones Unidas, cuyo Relator Especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, que visitó nuestro país el pasado mes de febrero –época pre-COVID-19–, destacaba en su informe el enorme reto que tiene España con la pobreza infantil y con la desigualdad. De una u otra forma todos coinciden en que las políticas españolas de protección social no son suficientes, que el gasto social es bajo, que la reducción de la pobreza está estancada y que la infancia más vulnerable y los hogares de ingresos más bajos son los que menos protección social reciben. El propio Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas destacaba en su último informe sobre España que los recortes en el gasto público y un inadecuado nivel de inversión en la infancia han dado como resultado una mayor pobreza infantil y mayores desigualdades.
Las medidas que se desplieguen para la reconstrucción deben por tanto poner el foco en establecer las bases sólidas de una sociedad resiliente, que esté preparada para sobreponerse a nuevas crisis en el futuro, y deben poner en el centro los derechos de los niños y niñas. Ellos son el futuro, estamos cansados de decirlo, pero también forman parte del presente.
La aplicación del marco de Política Social para la definición y desarrollo del Plan de Reconstrucción debe llevar consigo una serie de cuestiones prácticas mínimas que tienen que girar en torno a aspectos básicos como el interés superior del niño, la equidad, la justicia social, la globalidad, la multiculturalidad, no dejar a nadie atrás o el respeto y aplicación sin dilación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Desde el inicio mismo de la crisis, UNICEF viene trabajando para cambiar la realidad que estas cifras reflejan. Lo hemos hecho en España y en el mundo. Hemos dotado de suministros al castigado sistema de salud español; hemos atendido necesidades de niños vulnerables como los que se encuentran en los centros de menores, hemos producido contenidos educativos para nuestros niños y niñas, hemos instado a los gobiernos central y autonómicos para que pusieran en marcha medidas que protegieran los derechos de los niños en cada pueblo y ciudad.
Estas medidas deben dirigirse de manera prioritaria a los niños y niñas más vulnerables. Entre otros, a ese 29 % de niños y niñas que se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión, a los niños y niñas en situación irregular, a los que abandonan muy pronto las escuelas, a las víctimas de violencia, a los niños y niñas tutelados, a los que son víctimas de trata, a los solicitantes de asilo y refugiados, a los niños que viven en la calle o a los que sufren alguna discapacidad.
Todos somos conscientes de la ingente cantidad de recursos que la reconstrucción requiere. Pero sin duda es necesario priorizar la inversión en infancia; no solo es necesario, es además una responsabilidad legal y ética, tiene implicaciones para las políticas económicas y sociales y para la asignación de los recursos públicos correspondientes en el presente y en el futuro. Las decisiones a tomar en la reconstrucción deben ir acompañadas de una mayor y más eficiente inversión en la infancia, incluyendo mayor peso de las políticas familiares y mejorando la capacidad redistributiva de todo el sistema de prestaciones e impuestos por tipo de hogar.
Si no se toman medidas urgentes, esta crisis de la salud se convertirá en una crisis de los derechos de los niños ya que los trastornos que ha provocado en la sociedad tienen una profunda repercusión sobre ellos: sobre su seguridad, su bienestar y su futuro.
Es el momento de REIMAGINAR un mundo mejor, garantizando que los sistemas y políticas protejan a las personas en todo momento, no sólo en situaciones de crisis. Este es el momento de sentar las bases para reconstruir un mundo mejor y apropiado para todos los niños y las niñas.
Gustavo Suárez Pertierra
Presidente de UNICEF España
