Dignidad, libertad, autoestima, desarrollo intelectual, cultural, familiar, social… Las carencias materiales a las que se ven abocados demasiadas niñas y niños en nuestro país afectan de manera directa a todos estos aspectos y a muchos otros, provocando además privaciones y pérdida de oportunidades para el individuo y para toda la sociedad con negativas consecuencias personales, sociales y económicas en el corto, medio y largo plazo.
Por desgracia, España es un país en el que la pobreza campa a sus anchas entre un tercio de la población menor de 18 años; un porcentaje inaceptable para una de las 15 economías más ricas del planeta, y una grave vulneración de los derechos de la infancia. Es esta una realidad impropia de un país con un alto nivel de renta. Sin duda, la incidencia de la pobreza en los niños y niñas es muy superior a la que correspondería a nuestro PIB per cápita. Además, la evolución de los datos demuestra la incapacidad de nuestro país para traducir el crecimiento económico en determinados momentos de su historia reciente en mayor bienestar y mayores oportunidades para la infancia.
En España, la pobreza tiene rostro de niño: uno de cada tres está en riesgo de pobreza o exclusión social (33,4 % de la tasa AROPE); o, lo que es lo mismo, hay 2,8 millones de niños y niñas que viven en familias con unos ingresos inferiores al 60 % de la media, sufren de una privación material severa y/o viven en hogares en los que la tasa de intensidad de empleo es muy baja. En la UE solo Bulgaria y Rumanía están en una situación peor. Más dramático es el índice de privación material y social severa, que en España es de un 10,8 %, lo que sitúa a 889.000 niños y niñas en hogares que no pueden cubrir al menos 7 de 13 necesidades básicas para su bienestar y dignidad. Entre ellas tener una temperatura adecuada en la casa o comer carne, pollo o pescado con la frecuencia necesaria.
La situación puede empeorar ante un panorama de acusada inestabilidad e incertidumbre económica y social, y en un contexto de inflación y escalada de precios en productos y suministros básicos. En este sentido, las consecuencias del incremento de precios están teniendo un efecto añadido en los hogares con niños y niñas, en los que los gastos en alimentación, ropa y transporte se incrementan notablemente respecto a otro tipo de hogares. Así, en los hogares con menos recursos esto puede suponer que este invierno tengan que elegir, por ejemplo, entre una alimentación suficiente o mantener la casa caliente.
Es cierto que la pandemia sanitaria global de la COVID-19 y su contundente impacto económico y social ha afectado profundamente a la adolescencia y la infancia, agravando la pobreza infantil, la exclusión y la desigualdad entre los niños y niñas. Pero no podemos olvidar que, ya antes de la crisis pandémica, España -casi de forma crónica- tenía unos altos niveles de vulnerabilidad y exclusión. Llevamos décadas con unas tasas de pobreza que no bajan del 25 %. Los datos son tozudos: en 2004 esta tasa era del 25,5 %, en 2014 se situó en el 30,5 %.
Haciendo un esfuerzo de síntesis podemos asegurar que las causas de la pobreza infantil, aun siendo múltiples, tienen mucho que ver con una baja intensidad y calidad del empleo de sus padres, el coste de la vivienda en las grandes ciudades, la ya apuntada inflación y factores como la erosión de los ahorros y redes familiares y la débil protección social a las familias.
Para cimentar la reducción de la pobreza infantil es fundamental una inversión acorde con el reto planteado que nos permite dejar de ser uno de los países de la Unión Europea que menos invierten en su infancia.
Es cierto que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo para paliar esta situación, pero la realidad que reflejan las frías estadísticas demuestra que queda mucho por hacer. Desde UNICEF España venimos insistiendo en algunas cuestiones clave, como la inclusión en el IRPF de una deducción fiscal reembolsable de 1.200 euros por cada hijo menor de edad -mucho más ambiciosa que la medida de ampliación de la deducción por maternidad (de 0 a 3 años) que contienen los Presupuestos Generales del Estado para 2023[i]-, que supondría un apoyo a la crianza y beneficiaría a todas las familias (incluidos los hogares que no reciben actualmente las ayudas fiscales debido a sus bajos ingresos). Estas prestaciones, además de apoyar la crianza, tendrían un impacto considerable en la reducción de la pobreza infantil y garantizarían un suelo de protección social de todos los hogares con niños ante esta y sucesivas crisis. Entre otras muchas medidas es también necesario dotar de fondos la implementación de la Garantía Infantil Europea a través de la aportación a la parte estatal del Fondo Social Europeo +, y seguir aumentando los fondos para servicios sociales transferidos a otras administraciones con el propósito de reforzar la lucha contra este problema.
Es fácil entender que la inversión en infancia es una de las mejores maneras de garantizar la justicia social, ahora y en el futuro. No hacerlo demuestra una miopía social y política que hay que desterrar. Salir de esta crisis para construir una mejor sociedad pasa por asegurar que cada niño y cada niña tengan todas las oportunidades que les permitan alcanzar todo su potencial como adultos.
Luchar contra la pobreza infantil, que niñas y niños tengan sus necesidades básicas cubiertas, es la primera base de la pirámide que tenemos que levantar, es nuestra responsabilidad, la de todos.
Mientras, millones de niñas y niños tendrán que seguir esperando.
[i] UNICEF España ha publicado Presupuestos 2023. Una oportunidad para abordar la pobreza de los niñ@s, un documento con 14 medidas que, de incluirse en los PGE, contribuirían a apoyar a la infancia más vulnerable en nuestro país –donde 1 de cada 3 niños están en situación de pobreza o riesgo de exclusión- y fuera de nuestras fronteras.
José María Vera
Director Ejecutivo de UNICEF España